Igualdad, equidad y potenciación del papel de la mujer
Los gobiernos deben garantizar el respeto, la protección y el fomento
de los derechos humanos de la mujer y de la niña, mediante la preparación,
la aplicación y el cumplimiento efectivo de políticas y leyes que tengan
en cuenta las cuestiones de género. Se alienta a todos los gobiernos a
que firmen, ratifiquen y apliquen la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer6 6 y también se los alienta
a que promuevan el examen de su Protocolo Facultativo por el Consejo
Económico y Social y la Asamblea General, y se alienta a los Estados partes
interesados a que se empeñen en eliminar todas las reservas existentes
que sean incompatibles con el objeto y el propósito de la Convención.
En la consecución de los objetivos del Programa de Acción y los de otras
conferencias de las Naciones Unidas, se deben coordinar y armonizar medidas
a fin de promover y lograr la igualdad y equidad entre los sexos de
manera sistemática y global.
En la aplicación de las políticas gubernamentales de población y desarrollo deben seguir incorporándose los derechos de procreación de conformidad
con los párrafos 1.15, 7.3 y 8.25 del Programa de Acción. Los gobiernos
deben adoptar medidas enérgicas para promover los derechos humanos
de la mujer. Se alienta a los gobiernos a que fortalezcan, cuando proceda,
la salud reproductiva y sexual, al igual que la atención prestada a los
derechos de procreación en las políticas y los programas sobre población y
desarrollo. En la labor de los órganos competentes de las Naciones Unidas
sobre indicadores para la promoción y protección de los derechos humanos
de la mujer deben incorporarse cuestiones relacionadas con la salud
sexual y reproductiva. Los gobiernos deben garantizar la protección y promoción
de los derechos de los adolescentes, especialmente de las adolescentes
casadas, a la educación y a la información sobre la salud reproductiva.
Los países deben establecer mecanismos de consulta con todos los
grupos pertinentes, incluidas las organizaciones femeninas. En este contexto,
se insta a los gobiernos a que incorporen los derechos humanos en
los sistemas de educación escolar y no escolar.
Los gobiernos, la sociedad civil y el sistema de las Naciones Unidas deben
promover los derechos humanos de la mujer y la niña. Se alienta a los
gobiernos a que, al presentar informes a los órganos establecidos en virtud
de tratados sobre derechos humanos, celebren consultas con la sociedad
civil, cuando proceda, sobre el proceso de presentación de informes y fomenten
la percepción de éste en la sociedad civil a fin de asegurar la representación
más amplia posible en la esfera de los derechos humanos, incluidos
los derechos de procreación.
Los gobiernos deben fomentar y proteger los derechos humanos de las
niñas y las jóvenes, incluidos los derechos económicos y sociales, al igual
que protegerlas contra la coerción, la discriminación y la violencia, incluidas
las prácticas nocivas y la explotación sexual. Los gobiernos deben revisar
toda la legislación y enmendar y abolir aquellas leyes que discriminen
a las niñas y a las jóvenes.
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Los gobiernos deben establecer mecanismos para acelerar la participación
en condiciones de igualdad y la representación equitativa de la mujer
en todos los niveles de la vida política y la vida pública de cada comunidad
y sociedad y permitirle expresar sus preocupaciones y necesidades
y garantizar la participación plena y en condiciones de igualdad de la mujer
en los procesos de adopción de decisiones en todas las esferas de la vida.
Los gobiernos y la sociedad civil deberían tomar medidas para eliminar
actitudes y prácticas que discriminan y subordinan a las niñas y a las
mujeres y que refuerzan la desigualdad entre los sexos.
Los gobiernos deben adoptar medidas para promover la realización del
potencial de la mujer y de la niña mediante la educación, la formación y
la erradicación del analfabetismo entre todas las niñas y mujeres sin discriminación
de ningún tipo, prestando importancia primordial a la eliminación
de la pobreza y la mala salud. Los gobiernos, en colaboración con
la sociedad civil, deben adoptar las medidas necesarias para garantizar acceso
universal, en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, a
atención de la salud adecuada, asequible y de calidad para las mujeres durante
todo su ciclo vital.
Los gobiernos deben adoptar todas las medidas posibles para eliminar
todas las diferencias y desigualdades entre los sexos en lo que respecta a
los medios de vida de la mujer y su participación en el mercado laboral
mediante la creación de empleos con ingresos seguros, lo que, según se ha
visto, contribuye a la potenciación del papel de la mujer y al mejoramiento
de su salud reproductiva. Hay que promulgar y aplicar leyes que garanticen
la igualdad de remuneración por igual trabajo o por trabajo de igual
valor.
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Debe adoptarse una perspectiva de género en todos los procesos de formulación
y aplicación de políticas y en la prestación de servicios, en particular
de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación de la familia.
A este respecto, deben fomentarse la capacidad institucional y los conocimientos
del personal de la administración pública, la sociedad civil, incluidas
las organizaciones no gubernamentales y el sistema de las Naciones
Unidas, a fin de promover una perspectiva de género. Ello debe lograrse
compartiendo instrumentos, metodologías y experiencias a fin de fomentar
y fortalecer su capacidad e institucionalizar estrategias eficaces para
efectuar análisis que tengan en cuenta las cuestiones de género y promover
una perspectiva de género. Para ello se requiere la preparación y la disponibilidad
de datos desglosados por sexo y de indicadores apropiados a fin
de seguir de cerca los progresos realizados en el plano nacional.
Deben observarse atentamente las diferentes repercusiones, sobre
hombres y mujeres, de la mundialización de la economía y la privatización
de los servicios sociales básicos, en particular los servicios de salud
reproductiva. Deben prepararse programas y mecanismos institucionales
especiales para fomentar y proteger la salud y el bienestar de las jóvenes,
las mujeres de edad y otros grupos vulnerables. La prestación de servicios
de salud reproductiva y sexual para los hombres no debe ir en detrimento
de los servicios de salud reproductiva y sexual para las mujeres.
Los gobiernos deben dar prioridad a la preparación de programas y políticas
de fomento de normas y actitudes que no toleren en modo alguno actitudes
nocivas y discriminatorias, incluida la preferencia por los niños varones,
que pueden redundar en prácticas nocivas y contrarias a la ética como
la selección prenatal del sexo, la discriminación y la violencia contra la niña
y todas las formas de violencia contra la mujer, inclusive la mutilación genital
femenina, la violación, el incesto, la trata de mujeres, la violencia y la explotación sexuales. Para ello es preciso adoptar un enfoque integrado que
tenga en cuenta la necesidad de un cambio social, cultural y económico generalizado,
además de reformas legales. Debe protegerse y fomentarse el acceso
de las niñas a la salud, la nutrición, la educación y las oportunidades
que ofrece la vida. Debe apoyarse y promoverse la función de los familiares,
en particular los padres y otros tutores legales, para que contribuyan a que
las niñas mejoren la imagen que tienen de sí mismas, su autoestima y su condición
jurídica y social, y a que se proteja su salud y bienestar.
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Los gobiernos, los parlamentarios, los dirigentes sociales y religiosos,
la familia, los representantes de los medios de comunicación, los educadores
y otros grupos pertinentes deberían promover activamente la igualdad
y la equidad entre los sexos. Esos grupos deben desarrollar y potenciar estrategias
para cambiar aptitudes y prácticas negativas y discriminatorias
contra las mujeres y las niñas. Todos los dirigentes al más alto nivel de
adopción de decisiones y políticas deben pronunciarse a favor de la igualdad
y la equidad entre los sexos, incluidas la potenciación del papel de la
mujer y la protección de las niñas y las jóvenes.
Todos los dirigentes a todos los niveles, así como los padres y educadores,
deben promover modelos positivos que ayuden a los varones a convertirse
en adultos sensibles a la cuestión de género y les permitan apoyar,
promover y respetar la salud sexual y reproductiva y los derechos de procreación
de la mujer, en reconocimiento de la dignidad inmanente de todos
los seres humanos. Los hombres deben asumir la responsabilidad de
su propio comportamiento y salud reproductivos y sexuales. Deben realizarse
investigaciones sobre la sexualidad masculina, la virilidad y el comportamiento
de reproducción de los varones.
Los gobiernos, los donantes y el sistema de las Naciones Unidas deben alentar y apoyar la ampliación y el fortalecimiento de los grupos comunitarios,
sociales y de promoción femeninos.
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