Cuestiones de población y desarrollo
Los gobiernos deben:
a) Redoblar los esfuerzos para proporcionar a los encargados de formular
planes y decisiones una mejor comprensión de las relaciones
entre la población, la pobreza, la injusticia y desigualdad basada
en el género, la salud, la educación, el medio ambiente, los
recursos financieros y humanos, y el desarrollo, y volver a examinar
las investigaciones recientes sobre la relación entre la reducción
de la fecundidad y el crecimiento económico y su distribución
equitativa;
b) Señalar y promover los vínculos entre las políticas macroeconómica,
ambiental y social fortaleciendo el diálogo entre los ministerios de hacienda y demás ministerios competentes;
c) Redoblar los esfuerzos para aplicar medidas legislativas y administrativas
y para promover la educación pública, en especial de
los jóvenes, acerca de la necesidad de establecer pautas sostenibles
de producción y consumo; promover el uso sostenible de los
recursos naturales, y actuar concertadamente para impedir la
degradación del medio ambiente en sus países;
d) Aumentar las inversiones en el sector social, en especial en las esferas
de salud y educación, como estrategia eficaz de desarrollo;
e) Elaborar enfoques integrados del desarrollo sostenible basados
en la comunidad, y ampliar los ya existentes.
Los gobiernos, en cooperación con la comunidad internacional, deben reafirmar
su compromiso de fomentar un medio propicio para lograr una expansión
económica sostenida en el contexto del desarrollo sostenible y para
erradicar la pobreza, con especial referencia al género, entre otras actividades, promoviendo un sistema comercial abierto, equitativo, seguro, no discriminatorio
y previsible; estimulando la inversión directa; reduciendo la carga
de la deuda, y garantizando la ejecución de programas de ajuste estructural
en que se tengan en cuenta los problemas sociales, económicos y ambientales.
Es necesario que los objetivos y políticas relativos a la población bosquejados
en el Programa de Acción se reflejen, según corresponda, en acuerdos
internacionales respecto de esferas como el medio ambiente y el comercio. Los gobiernos de los países en desarrollo y de los países con economías
en transición, con la asistencia de la comunidad internacional, especialmente
de los donantes, incluidas las fuentes de apoyo financiero bilateral
o multilateral, deben velar por que se establezcan redes de seguridad social,
especialmente en los países más afectados por la reciente crisis financiera
mundial, y se les dote de fondos suficientes.
Los gobiernos de los países en desarrollo y de los países con economías
en transición, con la asistencia de la comunidad internacional, en particular
los donantes, deben:
a) Seguir promoviendo el descenso de las tasas de mortalidad de
lactantes y niños mediante el fortalecimiento de programas de
salud que hagan hincapié en el mejoramiento de la atención prenatal
y la nutrición, incluida la lactancia materna, a menos que
esté contraindicada por razones de salud, en la vacunación universal,
en las terapias de rehidratación oral, en las fuentes de
agua potable, en la prevención de las enfermedades infecciosas,
en el control de la exposición a sustancias tóxicas y en un mejor
saneamiento de los hogares; y mediante el fortalecimiento de
los servicios de salud para las madres, servicios de calidad de
planificación de la familia que ayuden a las parejas a planificar
y espaciar los nacimientos, y las actividades de prevención de la
transmisión del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión
sexual;
b) Fortalecer los sistemas de atención de la salud para que puedan
satisfacer las necesidades prioritarias, teniendo en cuenta la realidad
financiera de los países y la necesidad de lograr que los
recursos se centren en las necesidades de salud de las personas
que viven en la pobreza;
c) Determinar las causas del estancamiento o el aumento de la tasa
de mortalidad entre las poblaciones de adultos y formular políticas
y programas especiales sobre promoción de la salud en los
casos en que se observe dicho fenómeno, en particular entre las
mujeres en edad de procrear y los hombres en edad de trabajar;
d) Asegurar que los programas de erradicación de la pobreza se
orienten especialmente hacia las mujeres y que se asigne prioridad
a los hogares encabezados por mujeres;
e) Crear nuevas maneras de prestar una asistencia más eficaz a fin
de fortalecer a las familias que viven en pobreza extrema, como la
concesión de microcréditos para las familias y personas pobres;
f) Aplicar políticas y programas que permitan lograr un nivel de
consumo suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los
pobres y las personas desfavorecidas;
Se deben adoptar medidas para reforzar las políticas y los programas
en materia de alimentación, nutrición y agricultura, y las relaciones comerciales
leales, con especial atención a la creación y el fortalecimiento
de la seguridad alimentaria en todos los niveles.
Los gobiernos deben promover y proteger los derechos de las poblaciones
indígenas, prestando especial atención a sus culturas, recursos, creencias,
derechos sobre las tierras e idiomas.
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Los gobiernos deben:
a) Seguir examinando las consecuencias económicas y sociales del
cambio demográfico y las formas en que se relacionan con las
cuestiones de planificación del desarrollo y las necesidades de
las personas;
b) Satisfacer las necesidades de los jóvenes, en particular las mujeres
jóvenes, con el firme apoyo, orientación y participación, cuando
proceda, de los padres, las familias, las comunidades, las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado, invirtiendo
en la elaboración y ejecución de planes nacionales, regionales
y locales. En este contexto, debe otorgarse prioridad a programas
como educación, oportunidades para la generación de ingresos,
formación profesional y servicios de salud, incluidos los
relacionados con la salud sexual y reproductiva. Los jóvenes deben
participar plenamente en la formulación, ejecución y evaluación
de dichos programas y planes. Estas políticas, planes y
programas deben ejecutarse de acuerdo con los compromisos
contraídos en la Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo y de conformidad con las convenciones y los acuerdos
internacionales pertinentes. Se debe hacer hincapié en promover
el diálogo entre las generaciones mediante una mejor comunicación
y apoyo mutuo;
c) Fomentar la investigación y elaborar estrategias amplias en los
planos nacional, regional y local encaminadas, según proceda, a
resolver los problemas que plantea el envejecimiento de la población.
Invertir más recursos en la investigación de cuestiones relacionadas
con el género, así como en impartir capacitación y desarrollar
la capacidad en materia de políticas sociales y atención
de la salud de las personas de edad, especialmente las que viven
en la pobreza, prestando atención especial a los siguientes aspectos: la seguridad económica y social de las personas de edad, en
particular de las mujeres; servicios de atención de la salud económicos,
accesibles y apropiados; los derechos humanos y la dignidad
de las personas de edad, y el papel productivo y útil que puedan
desempeñar estas últimas en la sociedad; los sistemas de apoyo
que mejoren la capacidad de las familias y comunidades para
atender a los miembros de más edad, así como la capacidad de las
personas de edad para atender a los familiares y miembros de la
comunidad afectados por el VIH/SIDA; y la solidaridad generacional
que apunte a mantener y mejorar la cohesión social.
Los gobiernos y la sociedad civil, con inclusión de las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado, deben crear oportunidades para
que las mujeres y los hombres de edad sigan aportando sus conocimientos
a la familia, a la fuerza de trabajo y a la comunidad con el fin de contribuir
a promover la solidaridad entre las generaciones y aumentar el bienestar
de la sociedad y deben eliminar los obstáculos que se oponen a ello.
Para ello se requerirá brindar educación permanente y posibilidades de
reorientación profesional.
Siempre que se disponga de recursos adicionales, el sistema de las
Naciones Unidas debe documentar la experiencia positiva de las políticas
y los programas en la esfera del envejecimiento del hombre y de la mujer y
difundir información y recomendaciones a ese respecto. Se debe facilitar a
los países formación adecuada y la capacidad para crear sus propias políticas
adaptadas a sus culturas, tradiciones y circunstancias socioeconómicas.
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Se exhorta a los gobiernos, tanto de los países que generan como de los
que reciben migrantes, a que, por conducto de la cooperación internacional:
a) Redoblen sus esfuerzos para proteger los derechos humanos y la
dignidad de los migrantes, independientemente de su condición jurídica; proporcionen una protección eficaz a los migrantes;
presten servicios sociales y de salud básicos, incluidos los servicios
de salud sexual y reproductiva y de planificación de la familia;
faciliten la reunificación de las familias de los migrantes documentados;
vigilen las violaciones de los derechos humanos de
los migrantes; logren la aplicación eficaz de las leyes relativas a
la protección de los derechos humanos; y velen por la integración
social y económica de los migrantes documentados, especialmente
los que han adquirido el derecho a una residencia a largo plazo
en el país de acogida, y la igualdad de trato ante la ley. Las organizaciones
no gubernamentales deben hacer una contribución
importante a la atención de las necesidades de los migrantes;
b) Impidan el tráfico de migrantes, en particular de mujeres y niños
víctimas del trabajo forzoso o la explotación sexual o comercial;
establezcan sanciones inequívocas para ese tráfico y contrabando
de migrantes, sustentadas por procedimientos administrativos
y leyes eficaces que garanticen el castigo de los autores
de esos delitos; y concluyan cuanto antes los protocolos contra
el tráfico y el contrabando de migrantes que negocia actualmente
la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal;
c) Apoyen las iniciativas bilaterales y multilaterales, como los procesos
de consulta regionales y subregionales, según proceda, encaminadas
a formular políticas nacionales y estrategias conjuntas
para aprovechar al máximo los beneficios y resolver los problemas
que plantea la migración internacional, y garanticen el
seguimiento eficaz de esas iniciativas;
d) Realicen campañas de información pública sobre la migración
en los países de origen y en los países de acogida, a fin de combatir
las actitudes racistas y xenofóbicas en los países de acogida
y lograr que los posibles migrantes comprendan plenamente
las consecuencias de su decisión de emigrar;
e) Consideren la posibilidad de ratificar la Convención Internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, o adherirse a ella, si aún no lo
han hecho.
La comunidad internacional debe prestar asistencia y apoyo a los programas
de los países en desarrollo que reciben a la mayoría de los refugiados
y personas desplazadas. También se debe prestar asistencia a los programas
de los países que carecen de la capacidad para resolver los problemas
que plantean las grandes corrientes migratorias y de personas desplazadas.
Se insta a todos los Estados a que pasen a ser partes en la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados de 19513 3 y el Protocolo de 196744, y a que
apliquen procedimientos eficaces de asilo.
Los gobiernos, con la asistencia de la comunidad internacional, deben
redoblar sus esfuerzos para mejorar la reunión y el análisis de datos, incluidos
los análisis basados en el género, en la esfera de la migración internacional
y, en ese contexto, promover la aplicación de las recomendaciones
de las Naciones Unidas en materia de estadísticas de migración internacional;
alentar la realización de estudios encaminados a evaluar las
causas de la migración y el desplazamiento internacionales y la contribución
positiva de la migración a los países que generan o que reciben migrantes;
y mejorar la comprensión de los vínculos entre los factores que
influyen en la migración internacional.
La comunidad internacional debe destinar apoyo adecuado a programas
eficaces que aborden las causas del movimiento de refugiados y personas
desplazadas.
Al planificar y ejecutar actividades de asistencia a los refugiados, debe
prestarse especial atención a las necesidades concretas de las mujeres y los
niños y de los ancianos refugiados. Se debe prestar apoyo internacional
adecuado y suficiente para satisfacer las necesidades básicas de las poblaciones de refugiados, incluido el acceso a alojamiento adecuado, educación,
protección contra la violencia, servicios de salud, incluidas la salud
reproductiva y la planificación de la familia, y otros servicios sociales básicos,
inclusive agua potable, saneamiento y nutrición. Los refugiados deben
respetar las leyes y la reglamentación del país de asilo. Se insta a los
gobiernos a que se rijan por el derecho internacional relativo a los refugiados,
entre otras cosas, respetando el principio de no devolución. En reconocimiento
del derecho de los refugiados a la repatriación, se debe facilitar
su regreso e integración en cooperación con las organizaciones internacionales
competentes.
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Los gobiernos deben hacer investigaciones para comprender mejor los
factores, las tendencias y las características de la migración interna y la
distribución geográfica de la población a fin de sentar las bases para la formulación
de políticas eficaces de distribución de la población.
Los gobiernos deben mejorar la gestión y prestación de servicios a las
aglomeraciones urbanas en rápido crecimiento y promulgar instrumentos
legislativos y administrativos propicios y facilitar recursos financieros suficientes
para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos, incluidos
los pobres de las zonas urbanas, los migrantes internos, las personas de
edad y los discapacitados.
Los gobiernos deben reafirmar enérgicamente el llamamiento hecho en
el Programa de Acción para que las políticas de distribución de la población
sean coherentes con instrumentos internacionales, como el Convenio de
Ginebra relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra,
de 12 de agosto de 19495 5, incluido su artículo 49. Los gobiernos deben reafirmar enérgicamente el llamamiento hecho en
el Programa de Acción para que los países aborden las causas de los desplazamientos
internos, incluidos la degradación del medio ambiente, los desastres
naturales, los conflictos armados y los reasentamientos forzosos y establezcan
los mecanismos necesarios para proteger y asistir a las personas desplazadas,
pagando indemnizaciones por daños y perjuicios, cuando sea posible, en especial a quienes no pueden volver en breve plazo a su lugar de residencia
habitual, y, cuando proceda, facilitar su retorno y reinserción,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y los niños.
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Con asistencia de la comunidad internacional, los gobiernos y la sociedad
civil deben alcanzar lo antes posible, y en todo caso antes del año 2015,
el objetivo de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
de lograr el acceso universal a la enseñanza primaria, eliminar la
diferencia entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria para el
año 2005 y tratar de conseguir que en el año 2010 la tasa neta de matriculación
en la enseñanza primaria de los niños de ambos sexos sea de al menos
el 90%, frente al 85% estimado para el año 2000. Se deben realizar esfuerzos
especiales a fin de aumentar las tasas de permanencia de las niñas
en la escuela primaria y secundaria. Habría que sensibilizar a los padres
respecto de la importancia de la educación de los hijos, en particular
de las niñas, para que éstas realicen su pleno potencial.
Los gobiernos, en particular de países en desarrollo, con la asistencia
de la comunidad internacional, deben:
a) Ampliar las políticas y los programas de educación para los jóvenes
y adultos y de aprendizaje permanente que tengan en cuenta
las cuestiones de género y de cultura, prestando especial atención
a los migrantes, las poblaciones indígenas y las personas
con discapacidades;
b) Incluir en todos los niveles, según proceda, de la enseñanza académica
y no académica, educación sobre cuestiones de población
y salud, inclusive cuestiones de salud sexual y reproductiva, a fin
de seguir ejecutando el Programa de Acción en lo referente a fomentar
el bienestar de los adolescentes, afianzar la igualdad y
equidad entre los géneros al igual que la conducta sexual responsable
y proteger a los adolescentes de embarazos prematuros y no
deseados, enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA,
y del abuso sexual, el incesto y la violencia y asegurar la intervención
y participación activas de los padres, los jóvenes, los dirigentes
y las organizaciones comunitarias con miras a la sostenibilidad,
el mayor alcance y la eficacia de dichos programas;
c) Reducir la tasa de analfabetismo de mujeres y hombres, de modo
que llegue por lo menos a la mitad para mujeres y niñas para
el año 2005, en comparación con la tasa de 1990;
d) Fomentar la alfabetización funcional de adultos y también de
niños, cuando no sea posible la escolarización;
e) Seguir dando gran prioridad a las inversiones en educación y
formación en los presupuestos para el desarrollo;
f) Proporcionar instalaciones debidamente dotadas mediante la rehabilitación
de las escuelas existentes y la construcción de otras
nuevas.
En el Programa de Acción se reconoció que un mayor conocimiento,
comprensión y compromiso del público en todos los niveles, desde el individual
hasta el internacional, eran vitales para el logro de sus metas y objetivos.
A esos efectos, debe estudiarse la forma de asegurar el acceso a la
tecnología moderna de comunicaciones y su uso, inclusive la transmisión
por satélite y otros mecanismos de comunicación, y deberían adoptarse
medidas adecuadas como medio de hacer frente a las barreras que se oponen
a la enseñanza en los países en desarrollo, en particular los países menos
adelantados, con asistencia de la comunidad internacional.
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En colaboración con instituciones de investigación y organizaciones no
gubernamentales, al igual que con asistencia de la comunidad internacional,
incluidos los donantes, los gobiernos deben fortalecer sus sistemas
nacionales de información a fin de preparar a tiempo estadísticas fidedignas
sobre una amplia variedad de indicadores de la población, el medio
ambiente y el desarrollo. Los indicadores deben incluir, entre otros, las tasas
de pobreza de la comunidad, el acceso de la mujer a los recursos sociales
y económicos, la matrícula y la permanencia de niñas y niños en las
escuelas, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva desglosado
por subgrupos de población, incluidas las poblaciones indígenas, y el nivel
de sensibilidad a cuestiones de género de los servicios de salud sexual y reproductiva,
incluida la planificación de la familia. Además, en consulta
con las poblaciones indígenas, los gobiernos deben establecer y fortalecer
las estadísticas y la reunión de datos nacionales relativos a la salud de las
poblaciones indígenas, inclusive la salud sexual y reproductiva y sus factores
determinantes. Todos los sistemas de datos deben disponer de información
desglosada por edad y por sexo, que es indispensable para convertir
las políticas en estrategias que aborden las preocupaciones de los distintos
grupos de edad y sexo y para preparar indicadores adecuados de las
consecuencias de esas estrategias en cuanto a la edad y el sexo a fin de observar
los progresos logrados. Los gobiernos deben también reunir y difundir
los datos cuantitativos y cualitativos necesarios para evaluar el estado
de la salud reproductiva de hombres y mujeres, inclusive en las zonas urbanas,
y para concebir, ejecutar, supervisar y evaluar programas de acción.
Debe prestarse especial atención a la mortalidad y la morbilidad maternas,
ya que esta base de datos sigue siendo insuficiente. Los datos sobre
la salud en general y la salud reproductiva en particular deben desglosarse
por niveles de ingresos y de pobreza a fin de determinar la situación y
las necesidades sanitarias concretas de las personas que viven en la pobreza
y como base para asignar los recursos y las subvenciones a quienes más
los necesitan. Debe instarse concretamente al sistema de las Naciones Unidas y a los
donantes a que potencien la capacidad de los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados y los países con economías en transición,
para que puedan levantar censos y hacer estudios periódicos, a fin
de mejorar los sistemas de registro civil, y también hallar soluciones innovadoras
y económicas para obtener los datos necesarios, especialmente
para la supervisión periódica del cumplimiento de los objetivos de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, incluidas estimaciones
mejoradas de la mortalidad materna.
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