Se necesitan con urgencia una mayor voluntad política de todos los gobiernos
y la reafirmación del compromiso de movilización de asistencia
internacional, como se acordó en El Cairo, para acelerar la ejecución del
Programa de Acción, lo cual, a su vez, contribuirá al progreso del programa
general de población y desarrollo.
Se alienta a todos los países desarrollados a que fortalezcan su compromiso
con las metas y los objetivos del Programa de Acción, en particular sus estimaciones de gastos, y a que hagan todo lo posible por movilizar los
recursos financieros necesarios para su ejecución; al hacerlo, deben asignar
prioridad a las necesidades de los países menos adelantados.
Se insta a los países en desarrollo y a los países con economías en transición
a que refuercen su compromiso con las metas y los objetivos del
Programa de Acción, en particular sus estimaciones de gastos, y a que sigan
haciendo esfuerzos por movilizar recursos internos. Se insta a los países
desarrollados y en desarrollo y a los países con economías en transición
a que promuevan la cooperación internacional e incrementen la cooperación
técnica y la transferencia de tecnología mediante la cooperación
Sur–Sur, a fin de aplicar plenamente el Programa de Acción.
Se alienta a los países donantes y a los organismos internacionales de
financiación a que apoyen la inclusión de componentes Sur–Sur en los
proyectos y programas de cooperación para el desarrollo a fin de promover
su eficacia en función del costo y su sostenibilidad.
Hasta el momento los donantes no han traducido sus compromisos con
los objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
en niveles proporcionales de financiación, y es urgente que los países donantes
renueven y redoblen sus esfuerzos a fin de aportar los recursos externos
complementarios necesarios para aplicar los elementos del Programa
de Acción cuyo costo se ha establecido, es decir, en dólares de los Estados Unidos
de 1993, 5.700 millones en el año 2000; 6.100 millones en el año 2005;
6.800 millones en el año 2010 y 7.200 millones en el año 2015. Se exhorta
también a los países donantes a que aumenten notablemente la asistencia
oficial para el desarrollo a fin de financiar otros elementos del Programa de
Acción que figuran en el capítulo XIII, en particular, la mejora de la condición
y de la potenciación de la mujer, la atención médica básica y la educación,
los problemas de salud nuevos y crónicos como el paludismo y otras enfermedades
que, según la Organización Mundial de la Salud, producen efectos
importantes en la salud, incluidas las que presentan los mayores índices de mortalidad y morbilidad, e intensificar los esfuerzos para ayudar a los
países a erradicar la pobreza. En consecuencia, se insta a los países donantes
a que tomen las medidas oportunas para contrarrestar la actual disminución
de la asistencia oficial para el desarrollo y a que se esfuercen por alcanzar
la meta convenida de destinar el 0,7% del producto nacional bruto a
la asistencia oficial para el desarrollo lo antes posible.
Dentro del pleno respeto por su jurisdicción y sus mandatos respectivos, se
alienta a los legisladores y los demás encargados de adoptar decisiones a que
tomen las medidas necesarias para intensificar el apoyo a la consecución de las
metas y los objetivos del Programa de Acción mediante la legislación, la promoción
y el aumento de la sensibilización y la movilización de recursos. Los esfuerzos
de promoción deben incrementarse en todos los planos, tanto nacional
como internacional, para garantizar que se alcancen las metas de recursos.
Como la pandemia del VIH/SIDA ha causado mayores estragos que los
previstos originalmente, se debe prestar especial atención a proporcionar
con prontitud los recursos necesarios, como pide el Programa de Acción,
para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Se
debe conceder particular atención a las poblaciones vulnerables, especialmente
los niños y los jóvenes. Todos los países afectados por la pandemia
deben seguir procurando movilizar recursos internos procedentes de todas
las fuentes para combatirla. Se pide a la comunidad internacional que
preste asistencia a los países en desarrollo y a los países con economías en
transición en sus esfuerzos. Por otra parte, los gobiernos y la comunidad
de donantes deben redoblar sus esfuerzos para ofrecer recursos destinados
a cuidar y ayudar a los afectados por el VIH/SIDA así como a satisfacer las
necesidades especiales de prevención.
La comunidad internacional debe proporcionar la asistencia financiera
y técnica necesaria para apoyar a los países en desarrollo y a los países
con economías en transición comprometidos a lograr las metas y los objetivos
del Programa de Acción. Se debe prestar especial atención a las necesidades de África y de los países menos adelantados, de los países que atraviesan
o conocen situaciones de emergencia humanitaria y crisis económicas
y financieras y de los países en desarrollo que se resienten de los
precios bajos de los productos básicos, así como de los países que hacen
frente a problemas ambientales en gran escala o a largo plazo.
Se exhorta a los países donantes y a los organismos internacionales de
financiación, incluidos el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo,
a que complementen, a solicitud de los países, los esfuerzos realizados
en el plano nacional para satisfacer las necesidades crecientes y urgentes
en materia de salud básica y salud reproductiva, inclusive de productos
básicos de salud reproductiva, de los países en desarrollo y los países
menos adelantados, de los países que se enfrentan a una creciente demanda
de esos productos y a la disminución de su participación en la asistencia
internacional y de los países con economías en transición.
Los gobiernos y la comunidad internacional deben alentar y promover
nuevos medios y mecanismos para aumentar la financiación de los programas
de población y desarrollo, incluidos los programas de salud sexual y reproductiva
a fin de asegurar su sostenibilidad. Podrían consistir en: a) la
promoción para lograr que las instituciones internacionales de financiación
y los bancos regionales de desarrollo incrementen la financiación;
b) la utilización selectiva de las tasas pagadas por los usuarios, la comercialización
social, la participación en los gastos y otras formas de recuperación
de costos; y
c) mayor participación del sector privado. Estas modalidades
deben facilitar el acceso a los servicios e ir acompañadas de una red de seguridad
social adecuada a fin de que las personas que viven en la pobreza
y otros grupos vulnerables tengan acceso a ellos. Se deben examinar igualmente
mecanismos más eficientes y coordinados para encarar el problema
de la deuda, incluida la reducción de la carga de la deuda externa mediante
diversas medidas como la cancelación de la deuda y operaciones de canje
de deuda por inversiones en el sector de la población, el sector de la salud
y otros sectores sociales para promover el desarrollo sostenible.
Se exhorta a los gobiernos de los países beneficiarios a que se aseguren
de que los recursos públicos, los subsidios y la asistencia recibida de los donantes
internacionales para la consecución de las metas y los objetivos del
Programa de Acción se inviertan a fin de aumentar al máximo los beneficios
que reciben los pobres y otros grupos de población vulnerables, incluidos
los que tienen serios problemas de salud reproductiva.
Utilizando los mecanismos existentes de coordinación en el plano nacional,
según proceda, los países donantes, los organismos internacionales
y los países beneficiarios deben continuar redoblando sus esfuerzos y
su colaboración para evitar las duplicaciones, identificar los déficit de financiamiento
y garantizar la mayor eficacia y eficiencia posible en la utilización
de esos recursos.
Los gobiernos, en colaboración con el Fondo de Población de las Naciones
Unidas según proceda, deben tratar de que se supervisen de manera
completa y regular las corrientes de recursos, prestando especial atención
a la transparencia y a la rendición de cuentas en relación con el conjunto
de medidas sobre población y salud reproductiva incluidas en el Programa
de Acción cuyo costo se ha calculado. A este respecto, las organizaciones no
gubernamentales podrían facilitar la información necesaria.
Se insta a los países, en especial a los países desarrollados, a que aumenten
considerablemente sus contribuciones voluntarias al Fondo de Población
de las Naciones Unidas y a otros programas de las Naciones Unidas
y organismos especializados pertinentes, a fin de que estén en mejores
condiciones de prestar asistencia a los países para la consecución de las
metas y los objetivos del Programa de Acción, incluidos los programas de
salud reproductiva.
Se insta a los gobiernos de los países desarrollados y de los países en desarrollo a que estudien a fondo la aplicación de la iniciativa 20/20, contrato
voluntario entre países donantes y receptores interesados, que podría
ser una fuente adicional de recursos para los objetivos más amplios de erradicación
de la pobreza, incluidos los objetivos de población y del sector
social.
Los gobiernos deben aplicar políticas que faciliten un mayor acceso a
los servicios de salud básica, incluidos servicios de salud reproductiva y de
planificación de la familia, de alta calidad y económicos; promover iniciativas
efectivas y servicios de apoyo, incluso, cuando proceda, servicios del
sector privado; fijar normas de prestación de servicios; y revisar las políticas
legislativas, reglamentarias y de importación para determinar y eliminar
las políticas que restrinjan o impidan innecesariamente el aumento
de la participación del sector privado. Los recursos y subsidios del sector
público deben beneficiar con carácter prioritario a quienes viven en la
pobreza, a las poblaciones desfavorecidas y a los sectores de bajos ingresos
de la población.
