INICIO: CIPD: PROGRAMA: Migración Internacional
  Contenido
  Preámbulo
  Principios
  Relaciones entre la población, el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible
  Igualdad y equidad entre los sexos y habilitación de la mujer
  La familia, sus funciones, derechos, composición y estructura
  Crecimiento y estructura de la población
  Derechos reproductivos y salud reproductiva
  Salud, morbilidad y mortalidad
  Distribución de la población, urbanización y migración interna
Migración internacional
  Población, desarrollo y educación
  Tecnología, investigación y desarrollo
  Actividades nacionales
  Cooperación internacional
  Colaboración con el sector no gubernamental
  Actividades complementarias de la conferencia

 

Migración internacional

Contenido

Migración internacional y desarrollo
Migrantes documentados
Migrantes indocumentados
Refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas


Migración internacional y desarrollo

BASES PARA LA ACCIÓN

Las relaciones económicas, políticas y culturales internacionales desempeñan un papel importante en las corrientes de población entre los países, ya sean estos países en desarrollo, países desarrollados o países con economías en transición. Los distintos tipos de migraciones internacionales están vinculados con esas relaciones y a la vez afectan y se ven afectados por el proceso de desarrollo. Los desequilibrios económicos internacionales, la pobreza y la degradación del medio ambiente, combinados con la falta de paz y seguridad, las violaciones de los derechos humanos y los distintos grados de desarrollo de las instituciones judiciales y democráticas son todos factores que afectan las migraciones internacionales. Si bien la mayoría de las migraciones internacionales se produce entre países vecinos, ha ido en aumento la migración interregional, especialmente hacia los países desarrollados. Se estima que el numero de migrantes internacionales en todo el mundo, comprendidos los refugiados, pasa de 125 millones de personas, aproximadamente la mitad de ellos en países en desarrollo. Estos últimos años los principales países de acogida del mundo desarrollado registraron una inmigración neta de aproximadamente 1,4 millones de personas al año, unos dos tercios de ellas procedentes de países en desarrollo. La migración internacional ordenada puede tener efectos positivos en las comunidades de origen y en las de destino, por cuanto entran remesas de fondos a aquellas y recursos humanos necesarios a estas. La migración internacional también puede facilitar la transferencia de conocimientos especializados y contribuir al enriquecimiento cultural. Sin embargo, las migraciones internacionales entrañan la perdida de recursos humanos para muchos países de origen y pueden dar lugar a tensiones políticas, económicas o sociales en los países de destino. Para que las políticas internacionales de migración sean eficaces, deben tener en cuenta las limitaciones económicas del país de acogida, el impacto de la migración en la sociedad receptora y las repercusiones en los países de origen. Para que la migración internacional tenga dimensiones manejables a largo plazo es preciso que la opción de permanecer en el propio país sea viable para todos. Para ello se necesita, entre otras cosas, un crecimiento económico sostenible, equidad y estrategias de desarrollo compatibles con ese objetivo. Además, puede aprovecharse mas eficazmente la contribución que pueden hacer los expatriados al desarrollo económico de sus países de origen.

OBJETIVOS

Los objetivos son:

a) Hacer frente a las causas básicas de la migración, especialmente las relacionadas con la pobreza;
b) Fomentar la cooperación y el dialogo entre los países de origen y los países de destino a fin de maximizar los beneficios de la migración para los interesados y aumentar las probabilidades de que la migración tenga un impacto positivo en el desarrollo de los países de acogida y los países de origen;
c) Facilitar el proceso de reintegración de los migrantes que regresan.

MEDIDAS

Los gobiernos de los países de origen y los países de destino deberían procurar que la opción de permanecer en el propio país fuera viable para todos. Con ese fin, deberían redoblarse los esfuerzos encaminados a lograr el desarrollo económico y social sostenible y a asegurar un mejor equilibrio económico entre los países desarrollados y los países en desarrollo y los países con economías en transición. También es necesario aumentar los esfuerzos tendientes a neutralizar los conflictos internacionales e internos antes de que aumenten en escala; asegurar que se respeten los derechos de las personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas y las poblaciones indígenas; respetar las leyes, promover el buen gobierno, fortalecer la democracia y promover los derechos humanos. Además, debería darse más apoyo al logro de la seguridad alimentaria nacional y doméstica, a la educación, la nutrición, la salud y los programas de población y a la protección eficaz del medio ambiente. Esos esfuerzos podrían requerir asistencia financiera nacional e internacional, una reevaluacion de las relaciones comerciales y arancelarias, mayor acceso a los mercados mundiales y esfuerzos más decididos por parte de los países en desarrollo y los países con economías en transición para crear un marco nacional adecuado para el crecimiento económico sostenible, con énfasis en la creación de empleos. Es probable que la situación económica de esos países solo mejore gradualmente y es probable por eso que las corrientes migratorias originadas en ellos solo disminuyan a largo plazo; entre tanto, los graves problemas actuales harán que continúen a corto y a mediano plazo las corrientes migratorias, y se insta en consecuencia a los gobiernos a que adopten políticas y programas de migración internacional transparentes para hacer frente a esas corrientes.

Los gobiernos de los países de origen que deseen fomentar la entrada de remesas y emplearlas productivamente para el desarrollo deberían adoptar políticas económicas, monetarias y cambiarias razonables, facilitar la prestación de servicios bancarios que permitan transferir segura y oportunamente los fondos de los migrantes y promover las condiciones necesarias para incrementar el ahorro nacional y canalizarlo hacia la inversión productiva.

Se invita a los gobiernos de los países de destino a que consideren la posibilidad de utilizar ciertas formas de migración temporal, como la migración a corto plazo y la migración relacionada con proyectos, como forma de mejorar la capacidad profesional de los nacionales de los países de origen, especialmente los países en desarrollo y los países con economías en transición. Deberían considerar con este fin la posibilidad de formalizar, según resulte apropiado, acuerdos bilaterales o multilaterales. Deberían adoptarse medidas adecuadas para salvaguardar el salario y las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes y nativos en los sectores afectados. Se insta a los gobiernos de los países de origen a que faciliten el regreso de los migrantes y su reintegración en sus comunidades de origen, y a que busquen la forma de emplear sus capacidades profesionales. Los gobiernos de los países de origen deberían considerar la posibilidad de colaborar con los países de destino y de obtener el apoyo de las organizaciones internacionales apropiadas para promover el regreso voluntario de los migrantes calificados, que pueden desempeñar un papel decisivo en la transferencia de conocimientos, capacidades profesionales y tecnología. Se alienta a los países de destino a que faciliten la migración de regreso mediante la adopción de políticas flexibles, como la posibilidad de transferir las pensiones y otros beneficios laborales.

Se invita a los gobiernos de los países afectados por la migración internacional a que cooperen con el fin de integrar esta cuestión en sus programas políticos y económicos y de establecer una cooperación técnica con el fin de ayudar a los países en desarrollo y los países con economías en transición a hacer frente a las consecuencias de la migración internacional. Se insta a los gobiernos a que intercambien información sobre sus políticas de migración internacional y sobre las reglamentaciones que rigen la admisión y la estadía de los migrantes en sus territorios. Se invita a los Estados que no lo hayan hecho todavía a que consideren la posibilidad de ratificar la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Se exhorta a los gobiernos a considerar las solicitudes de migración de los países cuya existencia, según datos científicos disponibles, se ve inminentemente amenazada por el recalentamiento mundial y el cambio climático.

En cooperación con las organizaciones internacionales y no gubernamentales y las instituciones de investigación, los gobiernos deberían apoyar la reunión de información sobre las corrientes y las cifras de los migrantes internacionales y sobre los factores que causan la migración, así como también vigilar la migración internacional. Debería apoyarse también la identificación de estrategias que garanticen que la migración contribuya al desarrollo y a las relaciones internacionales. Debería fortalecerse el papel de las organizaciones internacionales con mandatos en la esfera de la migración a fin de que puedan proporcionar apoyo técnico adecuado a los países en desarrollo, asesorarles en la gestión de las corrientes de migración internacional y promover la cooperación intergubernamental, entre otras cosas, mediante negociaciones bilaterales y multilaterales, según corresponda.

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Migrantes documentados

BASES PARA LA ACCIÓN

Los migrantes documentados son los que cumplen todos los requisitos jurídicos para entrar, permanecer y, si procede, obtener empleo en el país de destino. En algunos países, muchos de esos migrantes adquieren con el tiempo el derecho de residencia a largo plazo. En esos casos, su integración en la sociedad que los recibe es aconsejable y es importante con ese objeto concederles los mismos derechos sociales, económicos y legales que a los ciudadanos, de acuerdo con la legislación nacional. La reunificación de las familias de los migrantes documentados es un factor importante en las migraciones internacionales. También es importante proteger a los migrantes documentados y a sus familiares del racismo, el etnocentrismo y la xenofobia, y respetar su integridad física, su dignidad, sus creencias religiosas y sus valores culturales. La migración documentada es en general beneficiosa para el país de acogida, ya que en su mayoría los migrantes suelen estar en la edad mas productiva y poseen la formación profesional que necesita el país de acogida, y su admisión esta en consonancia con la política nacional. Las remesas de los migrantes documentados a sus países de origen constituyen a menudo una fuente muy importante de divisas y contribuyen al bienestar de los familiares que dejaron atrás.

OBJETIVOS

Los objetivos son:

a) Asegurar la integración social y económica de los trabajadores documentados, especialmente de los que han adquirido el derecho de residencia a largo plazo en el país de destino, y su igualdad de tratamiento ante la ley;
b) Eliminar las practicas discriminatorias contra los migrantes documentados, especialmente las mujeres, los niños y los ancianos;
c) Garantizar su protección contra el racismo, el etnocentrismo y la xenofobia;
d) Promover el bienestar de los trabajadores migrantes documentados y de sus familiares;
e) Asegurar que se respeten los valores culturales y religiosos, las creencias y las practicas de los migrantes documentados, en la medida en que se ajusten a la legislación nacional y a los derechos humanos universalmente reconocidos;
f) Tener en cuenta las necesidades y las circunstancias especiales de los migrantes temporales.

MEDIDAS

Se insta a los gobiernos de los países de acogida a considerar la posibilidad de hacer extensivos a los migrantes documentados que satisfagan requisitos de estadía apropiados y a sus familiares cuya situación en cuanto a residencia y empleo con el país de acogida sea conforme a la ley un tratamiento igual al que reciben los propios nacionales en lo que respecta al disfrute de los derechos humanos básicos, incluida la igualdad de oportunidades y de trato en las condiciones de trabajo, la seguridad social, la participación en sindicatos, el acceso a servicios de salud, educación, cultura y otros servicios sociales, así como la igualdad de acceso al sistema judicial y la igualdad de tratamiento ante la ley. Se insta además a los gobiernos de los países de acogida a que tomen medidas apropiadas para evitar todas las formas de discriminación contra los migrantes, incluida la eliminación de las practicas discriminatorias relativas a su nacionalidad y a la nacionalidad de sus hijos, y para proteger sus derechos y su seguridad. Debería protegerse a las mujeres y a los niños que emigran en calidad de familiares contra los abusos o la denegacion de sus derechos humanos por sus patrocinadores, y se pide a los gobiernos que consideren la posibilidad de prorrogar su estadía en caso de que se disuelva la relación familiar, dentro de los limites de su legislación nacional.

Con el fin de promover la integración de los migrantes documentados con derecho de residencia prolongada, se insta a los gobiernos de los países de acogida a considerar la posibilidad de concederles derechos y responsabilidades civiles y políticos, según resulte apropiado, y de facilitar su naturalización. Debería ponerse especial empeño en promover la integración de los hijos de migrantes a largo plazo ofreciéndoles las mismas oportunidades de educación y de capacitación que a los nacionales, permitiéndoles el ejercicio de actividades económicas y facilitando la naturalización de los que se hayan criado en el país de acogida. De conformidad con el articulo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros documentos pertinentes de derechos humanos universalmente reconocidos, todos los gobiernos, y en particular los de los países de acogida, deben reconocer la importancia vital de la reunificación de las familias y promover su incorporación en la legislación nacional a fin de garantizar que se proteja la unidad de las familias de los migrantes documentados. Los gobiernos de los países de acogida deben asegurar la protección de los migrantes y sus familias, dando prioridad a los programas y estrategias de lucha contra la intolerancia religiosa, el racismo, el etnocentrismo, la xenofobia y la discriminación basada en el sexo, y a la adopción de medidas encaminadas a sensibilizar al publico a este respecto.

Los gobiernos de los paises de destino deberían respetar los derechos humanos básicos de los migrantes documentados, al mismo tiempo que afirman su propio derecho a reglamentar el acceso a su territorio y a adoptar políticas que configuren las corrientes migratorias. En lo que respecta a la admision de los migrantes, los gobiernos deberían evitar la discriminación por razón de la raza, la religión, el sexo y la discapacidad, los aspectos relacionados con la salud y otros aspectos conexos pertinentes con arreglo a las reglamentaciones nacionales de inmigración y en particular las necesidades especiales de las personas de edad y de los niños. Se insta a los gobiernos a promover, mediante la reunión de las familias, la normalización de la vida familiar de los migrantes legales que tienen derecho de residencia prolongada.

Los gobiernos deberían considerar la posibilidad de proporcionar asistencia y cooperación a los programas encaminados a hacer frente a las consecuencias sociales y económicas adversas de la migración forzosa.

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Migrantes indocumentados

BASES PARA LA ACCIÓN

Todos los Estados tienen el derecho soberano de decidir quien puede entrar y permanecer en su territorio y en qué condiciones. No obstante, ese derecho debe ejercerse cuidando de evitar actuaciones y políticas racistas o xenofóbicas. Los migrantes indocumentados o ilegales son personas que no cumplen los requisitos fijados por el país de destino para la entrada, la estancia o el ejercicio de una actividad económica. Teniendo en cuenta que las presiones que propician la migración están aumentando en varios países en desarrollo, al seguir creciendo su fuerza de trabajo, cabe prever un aumento de la migración de indocumentados o ilegal.

OBJETIVOS

Los objetivos son:

a) Hacer frente a las causas básicas de la migración indocumentada;
b) Reducir sustancialmente el número de migrantes indocumentados, asegurando al mismo tiempo que los que necesitan protección internacional la reciban; prevenir la explotación de los migrantes indocumentados y velar por que se protejan sus derechos humanos fundamentales;
c) Prevenir el trafico internacional de migrantes, especialmente con fines de prostitución;d) Asegurar la protección contra el racismo, el etnocentrismo y la xenofobia.

MEDIDAS

Se insta a los gobiernos de los países de origen y de destino a que cooperen para reducir las causas de la migración indocumentada, salvaguardar los derechos humanos básicos de los migrantes indocumentados, incluido el derecho a solicitar asilo y a disfrutar de el, en caso de persecución, en cualquier país, y a prevenir su explotación. Los gobiernos deberían identificar las causas de la migración indocumentada y su impacto económico, social y demográfico, así como sus consecuencias para la formulación de políticas sociales, económicas y de migración internacional.

Los gobiernos de los países de acogida y los países de origen deberían adoptar sanciones eficaces contra quienes organizan la migración de indocumentados, explotan a esos migrantes o se dedican al trafico de migrantes indocumentados, especialmente a los que se dedican a cualquier forma de trafico internacional de mujeres, jóvenes y niños. Los gobiernos de los países de origen en que las actividades de agentes u otros intermediarios del proceso migratorio sean legales deberían regular esas actividades a fin de impedir los abusos, especialmente la explotación, la prostitucion y la adopción coercitiva.

Los gobiernos, con la asistencia de las organizaciones internacionales apropiadas, deberían desalentar la migración de indocumentados explicando a los posibles migrantes las condiciones legales para la entrada, la estadía y el empleo en los países de acogida a través de actividades de información en los países de origen.

Los gobiernos de los países de origen de los migrantes indocumentados y de las personas cuyas peticiones de asilo han sido rechazadas tienen la responsabilidad de aceptar el retorno y la reintegración de esas personas, y no deben castigarlas a su regreso. Además, los gobiernos de los países de origen y de destino deberían tratar de hallar soluciones a largo plazo de los problemas originados por la migración de indocumentados mediante negociaciones bilaterales o multilaterales, entre otras cosas, sobre acuerdos de readmisión que protejan los derechos humanos básicos de las personas de que se trata de acuerdo con los instrumentos internacionales pertinentes.

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Refugiados, solicitantes de asilo y personas desplazadas

BASES PARA LA ACCIÓN

En menos de 10 años, de 1985 a 1993, el numero de refugiados se ha duplicado con creces, de 8,5 millones a 19 millones de personas. Esta situación ha sido resultado de múltiples y complejos factores, entre ellos, las violaciones generalizadas de los derechos humanos. La mayoría de los refugiados encuentran asilo en países en desarrollo, con lo que imponen a menudo una pesada carga a esos Estados. La institución del asilo esta siendo muy discutida en los países industrializados por una diversidad de motivos, entre ellos el numero creciente de refugiados y solicitantes de asilo y el abuso de los procedimientos establecidos por parte de los migrantes que intentan eludir las restricciones a la inmigración. Aun cuando dos tercios de todos los países del mundo han ratificado la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y el Protocolo de 1967, en que se establecen normas para la protección de los refugiados, es preciso reforzar la protección y la asistencia internacional a los refugiados, especialmente a las mujeres y los niños refugiados, que son especialmente vulnerables. Las personas desplazadas, que no reúnen las condiciones para recibir el estatuto de refugiado y están en algunos casos fuera de su propio país, son también vulnerables y necesitan asistencia internacional. Debe considerarse a este respecto la posibilidad de establecer acuerdos regionales para dar protección a las personas que huyen de la guerra.

0BJETIVOS

Los objetivos son:

a) Reducir los factores de presión que dan lugar a los movimientos y los desplazamientos de refugiados atacando sus causas a todos los niveles y adoptando medidas preventivas;
b) Buscar y establecer soluciones duraderas para los problemas de los refugiados y las personas desplazadas;
c) Velar por la protección y asistencia efectivas de las poblaciones de refugiados, prestando especial atención a las necesidades y a la seguridad física de las mujeres y los niños refugiados;
d) Impedir el debilitamiento de la institución del asilo;
e) Proporcionar servicios adecuados de salud y educación y otros servicios sociales a los refugiados y las personas desplazadas;
f) Integrar los programas de asistencia y rehabilitación destinados a los refugiados y los repatriados en la planificación del desarrollo, prestando la debida atención a la equidad para las mujeres.

MEDIDAS

Se insta a los gobiernos a que ataquen las causas de los movimientos de refugiados y personas desplazadas mediante la adopción de medidas adecuadas, en particular con respecto a la resolución de los conflictos; la promoción de la paz y la reconciliación; el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas que pertenecen a minorías; el respeto de la independencia, la integridad territorial y la soberanía de los Estados. Además, es preciso hacer frente a los factores que contribuyen a los desplazamientos forzosos mediante iniciativas relacionadas con el alivio de la pobreza, la democratización, el buen gobierno y la prevención de la degradación del medio ambiente. Los gobiernos y todas las demás entidades deberían respetar y salvaguardar el derecho de las personas a permanecer en sus hogares en condiciones de seguridad y abstenerse de aplicar políticas o practicas que obliguen a huir a las personas.

Se insta a los gobiernos a que refuercen su apoyo a las actividades internacionales de protección y asistencia en favor de los refugiados y, según resulte apropiado, de las personas desplazadas, y a que promuevan la búsqueda de soluciones duraderas para su situación. Al mismo tiempo, se alienta a los gobiernos a fomentar los mecanismos regionales e internacionales que promuevan la responsabilidad compartida con respecto a las necesidades de protección y de asistencia de los refugiados. Deberían adoptarse todas las medidas necesarias para asegurar la protección física de los refugiados, en particular de las mujeres y los niños refugiados, y especialmente contra la explotación, el abuso y todas las formas de violencia.

Debería prestarse apoyo internacional adecuado a los países de asilo para satisfacer las necesidades básicas de los refugiados y ayudar a buscar soluciones duraderas. Debería ayudarse a las poblaciones de refugiados a lograr la autosuficiencia. Los refugiados, y en particular las refugiadas, deberían participar en la planificación y la ejecución de las actividades de asistencia a los refugiados. En la planificación y la ejecución de esas actividades de asistencia debería prestarse atención especial a las necesidades especificas de las mujeres y los niños refugiados. Debería proporcionarse a los refugiados acceso a alojamiento, educación, servicios de salud, incluida la planificación de la familia, y otros servicios sociales necesarios. Se invita a los refugiados a respetar las leyes y reglamentaciones de sus países de asilo.

Los gobiernos deberían crear condiciones que favorezcan la repatriación voluntaria de los refugiados en condiciones de seguridad y dignidad. La asistencia para la rehabilitación de los refugiados que regresan debería vincularse, siempre que fuera posible, con los planes de reconstrucción y desarrollo a largo plazo. La comunidad internacional debería proporcionar asistencia para los programas de repatriación y rehabilitación de los refugiados y para la remoción de las minas y otros dispositivos sin explotar que constituyen un grave peligro para la seguridad de los que regresan
y de la población local.

Se insta a los gobiernos a respetar las leyes internacionales relativas a los refugiados. Se invita a los Estados que no lo hayan hecho a considerar la posibilidad de adherirse a los instrumentos internacionales relativos a los refugiados, en particular a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967 relativos al estatuto de los refugiados. Se insta además a los gobiernos a respetar el principio de non–refoulement (es decir, el principio de no obligar a las personas a regresar por la fuerza a lugares en que verían amenazada su vida o su libertad por razón de su raza, su religión, su nacionalidad, su calidad de miembro de un grupo social determinado o su opinión política). Los gobiernos deberían velar por que los que buscan asilo en el territorio del gobierno tengan acceso a audiencias justas y deberían facilitar la tramitación expeditiva de las solicitudes de asilo, asegurando que en las directrices y los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado se tenga en cuenta la situación particular de las mujeres.

En el caso de llegadas repentinas y masivas de refugiados y personas desplazadas que necesiten protección internacional, los gobiernos de los países receptores deberían considerar la posibilidad de concederles por lo menos protección temporal y un tratamiento conforme a las normas internacionalmente reconocidas y al derecho, las practicas y las reglamentaciones nacionales hasta que pueda hallarse una solución para sus problemas. Debería alentarse a las personas que necesitan protección a permanecer en zonas seguras y, en la medida de lo posible y según resulte apropiado, cerca de sus países de origen. Los gobiernos deberían reforzar los mecanismos de protección y brindar ayuda a la población en esas zonas. Deberían seguirse los principios de la cooperación colectiva y la solidaridad internacional para asistir a los países de acogida, a solicitud de estos.

Los problemas de los refugiados y las personas desplazadas resultantes de la migración forzosa, incluido el derecho a la repatriación, deberían solucionarse de acuerdo con los principios pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, otros instrumentos internacionales y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas.


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