Asociaciones y acuerdos de colaboración
Se exhorta a los gobiernos a que, en diálogo con las organizaciones no
gubernamentales y las comunidades locales, y con pleno respeto de su autonomía,
faciliten, según proceda, la participación de la sociedad civil en
el plano nacional en los debates sobre políticas y en la formulación, aplicación,
seguimiento y evaluación de estrategias y programas que permitan
lograr los objetivos del Programa de Acción. Las asociaciones entre los
gobiernos y los organismos multilaterales y de donantes y la sociedad civil
deberán basarse, según proceda, en la obtención de resultados convenidos
que produzcan beneficios a la salud de los pobres, incluida la salud
reproductiva y la salud sexual.
Cuando proceda, los gobiernos deberán incluir a representantes de las
organizaciones no gubernamentales y de las comunidades locales en las
delegaciones nacionales que asistan a los foros regionales e internacionales
en los que se debatan cuestiones relativas a la población y el desarrollo.
Los gobiernos, la sociedad civil a nivel nacional, y el sistema de las Naciones
Unidas deben tratar de mejorar y fortalecer su colaboración y cooperación con miras a propiciar un entorno favorable a las asociaciones para
la ejecución del Programa de Acción. Los gobiernos y las organizaciones
de la sociedad civil deben formular sistemas que ofrezcan una mayor
transparencia y un mejor intercambio de información a fin de mejorar su
rendición de cuentas.
Se exhorta a los gobiernos a reconocer y respaldar el papel importante y
complementario que la sociedad civil en el plano nacional puede desempeñar
en el cambio de las actitudes y acciones para seguir ejecutando el Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo.
Se exhorta también a los gobiernos a reconocer y respaldar el papel importante
y complementario que la sociedad civil en el plano nacional puede
desempeñar en lo referente a ayudar a las comunidades a articular y
satisfacer sus necesidades en materia de atención de la salud, incluida la
atención de la salud reproductiva.
Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben establecer y
apoyar mecanismos para crear y mantener acuerdos de colaboración con
las organizaciones de base comunitaria y las organizaciones no gubernamentales
comprometidas a prestar asistencia a la mujer para el establecimiento
y realización de sus derechos, incluidos los que se refieren a la salud
sexual y reproductiva, así como con otras organizaciones competentes,
la comunidad de investigadores y las asociaciones profesionales. Los
gobiernos, la sociedad civil a nivel nacional y la comunidad internacional
deben centrarse de común acuerdo en el desarrollo de los recursos humanos
y en la creación y el fortalecimiento de la capacidad nacional para la
aplicación de programas sostenibles de población y salud reproductiva.
Se insta a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil a que,
cuando proceda, formulen enfoques innovadores y establezcan acuerdos
de colaboración, entre otros, con los medios de comunicación, el sector comercial, los dirigentes religiosos, los grupos comunitarios, los líderes locales
y los jóvenes, que puedan servir de promotores eficaces del logro de las
metas y los objetivos del Programa de Acción.
Con referencia al párrafo 15.10 del Programa de Acción, se alienta a los
gobiernos, las organizaciones internacionales y los donantes a que proporcionen,
en consonancia con sus leyes y reglamentaciones nacionales y sus
prioridades nacionales de desarrollo, recursos financieros y técnicos suficientes,
así como la información necesaria para fortalecer los recursos humanos,
la capacidad institucional y la sostenibilidad de las organizaciones
de la sociedad civil, particularmente de mujeres y jóvenes, de una manera
que no comprometa su autonomía plena, para facilitar su participación
activa en la investigación, formulación, aplicación, verificación y evaluación
de las políticas, los programas y las actividades nacionales de población
y desarrollo. Al igual que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad
civil deben instituir también mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas para que la mayoría de los fondos asignados se utilicen directamente
en la ejecución de los programas de población y desarrollo a
nivel nacional, así como en las actividades, los servicios y los procedimientos
de evaluación a que van destinados.
Los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones
de la sociedad civil en el plano nacional, incluidas las organizaciones no
gubernamentales, deben fomentar los acuerdos de colaboración con el sector
privado y, cuando proceda, con el sector no estructurado, de manera
que se refuerce su vinculación y colaboración en la ejecución del
Programa de Acción. El sector privado puede apoyar los esfuerzos de los gobiernos,
pero no puede reemplazar la función de éstos de brindar servicios
de salud completos, seguros, accesibles, económicos y cómodos, incluidos
los servicios de salud reproductiva, planificación de la familia y salud sexual.
Se insta a los gobiernos a que revisen sus leyes, reglamentos y normas
pertinentes, según proceda, para facilitar la participación del sector
privado y garantizar que todos los productos y servicios de atención médica, incluidos los productos y servicios de salud reproductiva, cumplan
las normas internacionalmente aceptadas.
La ejecución de los elementos básicos del Programa de Acción debe estar
estrechamente vinculada al fortalecimiento más amplio de los sistemas
de salud. El sector público desempeña una función importante en este
sentido y debe alentársele a definir su función y a trabajar más estrechamente
con el sector privado y el sector no estructurado, a fin de vigilar
y mejorar las normas y garantizar que los servicios estén disponibles y
sean de buena calidad y económicos.
Reconociendo el papel creciente que desempeña en el suministro de información,
servicios, inclusive servicios de educación, y productos relacionados
con la salud reproductiva, el sector privado debe garantizar que sus servicios
y productos son de elevada calidad y cumplen las normas internacionalmente
aceptadas; que sus actividades se realizan de forma socialmente
responsable, culturalmente sensible, aceptable y eficaz en función de los costos;
que respeta plenamente las diversas religiones y valores éticos y culturales
de los códigos de cada país; y que se adhiere a los derechos básicos reconocidos
por la comunidad internacional y evocados en el Programa de Acción.
Se invita a los parlamentarios y a los miembros de los cuerpos legislativos
nacionales a garantizar las reformas legislativas y el aumento de la
sensibilización necesarias para ejecutar el Programa de Acción. Se les insta
a que promuevan la ejecución del Programa de Acción, incluso mediante
la asignación, según proceda, de recursos financieros. Debe haber intercambios
regulares de experiencias entre los parlamentarios en los planos
subregional, regional, interregional e internacional, cuando proceda.
Se debe recibir la financiación y el apoyo externos, tanto de los países
donantes como del sector privado, para fomentar y mantener el pleno potencial
de la cooperación Sur–Sur, incluida la iniciativa Sur–Sur: “Copartícipes en la Población y el Desarrollo”, a fin de promover el intercambio
de las experiencias pertinentes y la movilización de conocimientos técnicos
especializados y otros recursos entre los países en desarrollo. Debe
compilarse y distribuirse información actualizada sobre las instituciones
y los conocimientos especializados disponibles en los países en desarrollo
en la esfera de la población y el desarrollo, incluida la salud reproductiva.
Los organismos y las entidades competentes del sistema de las Naciones Unidas deben seguir definiendo, dentro de los mecanismos existentes, sus
responsabilidades y funciones de dirección específicas y continuar redoblando
sus esfuerzos por promover la coordinación y la colaboración en todo
el sistema, especialmente en el plano nacional. Debe potenciarse la labor
intergubernamental de la Comisión de Población y Desarrollo, al igual
que la función de coordinación interinstitucional del Fondo de Población
de las Naciones Unidas en materia de población y salud reproductiva.
Se exhorta a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil en
el plano nacional y al sistema de las Naciones Unidas a sostener consultas
con las organizaciones juveniles al diseñar, ejecutar y evaluar políticas y
programas para la juventud.
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