Preámbulo
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo1 1, aprobado por consenso el 13 de septiembre de 1994, tal como
figura en el informe de la Conferencia y que la Asamblea General hizo suyo en
su resolución 49/128, de 19 de diciembre de 1994, marcó el inicio de una nueva
era en las esferas de la población y el desarrollo. El objetivo del acuerdo trascendental
concertado en la Conferencia fue mejorar la calidad de vida y el bienestar
de los seres humanos y promover el desarrollo humano reconociendo
las interrelaciones existentes entre las políticas y los programas de población
y desarrollo encaminados a lograr la erradicación de la pobreza, el crecimiento
económico sostenido en el contexto del desarrollo sostenible, la educación,
especialmente de la niña, la equidad y la igualdad entre los géneros, la reducción
de la mortalidad de lactantes, niños y madres, el acceso universal a los
servicios de salud reproductiva, incluida la planificación de la familia y la salud
sexual, las modalidades sostenibles de consumo y producción, la seguridad
alimentaria, el desarrollo de los recursos humanos y la garantía de todos los
derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo como derecho universal
e inalienable y como parte integral de los derechos humanos fundamentales.
En el Programa de Acción se reconoce que el objetivo de la potenciación
y la autonomía de la mujer y el mejoramiento de su situación política, social, económica y de salud es, en sí mismo, una meta sumamente importante
y es esencial para el logro del desarrollo sostenible. Para alcanzar los objetivos del Programa de Acción es esencial hacer una mayor inversión
en servicios de salud y educación para todos y en particular para la mujer,
a fin de permitir su participación plena y en condiciones de igualdad en
la vida civil, cultural, económica, política y social.
En el Programa de Acción se destaca que todos tienen derecho a la educación,
que deberá estar orientada hacia el pleno desarrollo de los recursos
humanos y de la dignidad y el potencial humanos, con particular atención a la mujer y la niña, y que, por consiguiente, todos deben recibir la educación
necesaria para satisfacer las necesidades humanas básicas y para ejercer
los derechos humanos. Se insta a la eliminación de todas las prácticas
que discriminan contra la mujer y se afirma que la promoción de la igualdad
y la equidad entre los géneros y la potenciación del papel de la mujer,
la eliminación de todo tipo de violencia contra ella y la garantía de la capacidad
de la mujer de controlar su propia fecundidad son piedras angulares
de los programas relacionados con la población y el desarrollo. Se afirma
también que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte
inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Se
afirma además que los derechos de salud reproductiva abarcan ciertos derechos
humanos ya reconocidos en las legislaciones nacionales, los instrumentos
internacionales de derechos humanos y otros documentos aprobados
por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del derecho
fundamental de todas las parejas y todas las personas a decidir libre y responsablemente
el número de sus hijos y el espaciamiento y el momento de
los nacimientos, y a disponer de la información y los medios necesarios para
poder hacerlo, así como el derecho a disfrutar del más alto nivel de salud
sexual y reproductiva. También incluyen su derecho a tomar decisiones en
materia de reproducción sin ser sometidos a discriminación, coerción ni
violencia, según se establece en diversos documentos de derechos humanos.
En ejercicio de este derecho, deberán tener en cuenta las necesidades de sus
hijos nacidos y futuros y sus obligaciones con la comunidad. La promoción
del ejercicio responsable de esos derechos para todos debe ser la base primordial
de las políticas y los programas estatales y comunitarios en la esfera de
la salud reproductiva, incluida la planificación de la familia.
La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y su ejecución deben considerarse en estrecha relación con los resultados y el seguimiento coordinado de las demás conferencias importantes de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990. El progreso en la ejecución
del Programa de Acción se debe apoyar en el seguimiento integrado
de todas las conferencias y cumbres importantes de las Naciones Unidas y
estar en armonía con dicho seguimiento.
La aplicación de las recomendaciones formuladas en el Programa de
Acción y de las contenidas en el presente documento constituye un derecho soberano de cada país, compatible con las leyes nacionales y las prioridades
en materia de desarrollo, y debe realizarse respetando plenamente
los distintos valores religiosos y éticos y los antecedentes culturales de
su pueblo, y de conformidad con los derechos humanos internacionales
universalmente reconocidos.
En el Programa de Acción se recomendaba un conjunto de metas y objetivos
cuantitativos interdependientes, entre ellos el acceso universal a
la educación primaria, con especial atención a la eliminación de las disparidades
por razón de sexo en la enseñanza primaria y secundaria dondequiera
que existan, el acceso universal a la atención médica primaria,
el acceso universal a diversos servicios generales de salud reproductiva,
incluida la planificación de la familia, como se expone en el párrafo 7.6
del Programa de Acción, la reducción de las tasas de mortalidad y morbilidad
de lactantes, niños y madres, y el aumento de la esperanza de vida. También se propuso un conjunto de metas cualitativas que se refuerzan
mutuamente y que revisten importancia fundamental para lograr las metas
y los objetivos cuantitativos.
En el Programa de Acción se articula un enfoque amplio de las cuestiones de población y desarrollo y se determina una variedad de objetivos demográficos
y sociales que han de lograrse en un período de 20 años. Si bien
en el Programa de Acción no se cuantifican los objetivos de distribución,
estructura y crecimiento de la población, se refleja la opinión de que una
rápida estabilización de la población mundial contribuiría considerablemente
a la consecución del objetivo primordial del desarrollo sostenible.
Según las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas, en 1999
la población mundial sobrepasará por primera vez los 6.000 millones de habitantes, de los que cerca del 80% vivirán en países en desarrollo. En
función de la calidad y magnitud de las medidas adoptadas en los próximos
cinco a diez años en materia de política de población y salud reproductiva,
incluida la prestación de servicios de planificación de la familia,
la población mundial se situará entre 6.900 millones y 7.400 millones de
habitantes en el año 2015. En la mayoría de los países las tasas de natalidad
y mortalidad muestran una tendencia decreciente, pero como la tendencia
sigue ritmos diferentes en cada país, la imagen global es la de un
mundo en el que las situaciones demográficas son cada vez más diversas.
La población en edad reproductiva continúa creciendo a una tasa ligeramente
más elevada que la población en su conjunto, como reflejo del gran
número de jóvenes que llegan a la edad de procrear. En el Programa de Acción
se subraya justamente la necesidad de integrar plenamente las cuestiones
de población en las estrategias y en la planificación del desarrollo,
teniendo en cuenta la interrelación existente entre esas cuestiones y los
objetivos de erradicación de la pobreza, seguridad alimentaria, vivienda
adecuada, empleo y servicios sociales básicos para todos, con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras a través
de políticas y programas adecuados de población y desarrollo.
El examen de los progresos realizados en los últimos cinco años demuestra
que la aplicación de las recomendaciones del Programa de Acción ha dado
resultados positivos. Muchos países han adoptado medidas para integrar
las cuestiones de población en sus estrategias de desarrollo. En la mayoría
de los países la mortalidad ha continuado descendiendo en los cinco años
transcurridos desde la aprobación del Programa de Acción. Un número cada
vez mayor de países acepta la definición amplia de salud reproductiva
elaborada por la Conferencia y muchos procuran prestar servicios integrales.
El aumento de la utilización de métodos de planificación de la familia
indica que es mayor el acceso a los servicios correspondientes y que un número
creciente de individuos y parejas tienen la posibilidad de escoger el
número de sus hijos y el espaciamiento entre sus nacimientos. Muchos países,
tanto de origen como de destino de las corrientes migratorias, han adoptado
medidas importantes, en particular a nivel regional, para lograr una mejor ordenación de las migraciones internacionales mediante acuerdos bilaterales
y multinacionales. Además, numerosas organizaciones de la sociedad
civil contribuyen a la formulación y aplicación de políticas, programas
y proyectos, tanto por su propia cuenta como en asociación con organizaciones
gubernamentales e intergubernamentales y con el sector privado.
Sin embargo, en algunos países y regiones los progresos han sido limitados
y en algunos casos se ha retrocedido. La mujer y la niña siguen siendo
objeto de discriminación. La pandemia del virus de inmunodeficiencia
humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) ha provocado
el aumento de la tasa de mortalidad en numerosos países, en particular
en el África subsahariana. La mortalidad y morbilidad de adultos
y niños producida por enfermedades infecciosas, parasitarias y transmitidas
por el agua, como la tuberculosis, el paludismo y la esquistosomiasis,
siguen haciendo estragos. La morbilidad y la mortalidad maternas se mantienen
en un nivel inaceptablemente elevado. Los adolescentes siguen particularmente
vulnerables a los riesgos de la salud reproductiva y de la salud
sexual. Millones de parejas e individuos siguen sin acceso a los servicios
y a la información en materia de salud reproductiva. El aumento de
la tasa de mortalidad de adultos, en particular de los hombres, preocupa
especialmente a los países con economías en transición y a algunos países
en desarrollo. Las repercusiones de las crisis financieras en los países del
Asia y en otras partes, así como los programas ambientales a largo plazo y
en gran escala en Asia central y en otras regiones, afectan a la salud y al
bienestar de los individuos y limitan los progresos en la ejecución del
Programa de Acción. Pese al objetivo del Programa de Acción de reducir las
presiones que provocan los movimientos de refugiados y de personas desplazadas,
su situación sigue siendo inaceptable.
Para lograr las metas y los objetivos del Programa de Acción se necesitarán
recursos internos y externos suficientes, una actuación decidida por parte
de los gobiernos y asociaciones eficaces y transparentes. Para acelerar su
ejecución es preciso superar una serie de limitaciones financieras, institucionales y humanas. La aplicación de las medidas esenciales del presente documento
y de las diversas recomendaciones del Programa de Acción exigirá un
mayor compromiso político, el desarrollo de la capacidad nacional, una creciente
asistencia internacional y recursos internos cada vez mayores. Factor
igualmente crítico para el éxito de la ejecución del Programa de Acción es el
establecimiento eficaz de prioridades dentro de cada contexto nacional.
Para la aplicación y ejecución del Programa de Acción es necesario un
enfoque integrado de la elaboración de políticas, la planificación del desarrollo,
la prestación de servicios, la investigación y el seguimiento a fin de
utilizar los escasos recursos para conseguir un mayor valor agregado y
promover la coordinación intersectorial.
El presente documento se basa en los resultados y las conclusiones de exámenes
intergubernamentales realizados bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, incluido el examen y la evaluación anuales y quinquenales realizados
por la Comisión de Población y Desarrollo y las reuniones y los informes
de las comisiones regionales de las Naciones Unidas sobre los progresos realizados
y las dificultades advertidas en la ejecución del Programa de Acción.
Al recomendar las medidas esenciales contenidas en el presente documento,
los gobiernos renuevan su compromiso permanente con los principios,
metas y objetivos del Programa de Acción. Los gobiernos y la sociedad
civil a nivel nacional, en asociación con la comunidad internacional,
deberían unirse en sus esfuerzos para lograr la consecución de las metas
y los objetivos de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo lo antes posible, con especial atención a los que se deberían
conseguir en los veinte años de vigencia del Programa de Acción.
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